La Comisión Europea presentó una visión a largo plazo (hasta 2040) para la política de agricultura y alimentación de la Unión Europea (UE). El documento reconoce la importancia estratégica del sector agroalimentario para la seguridad alimentaria europea y propone medidas para fortalecer la rentabilidad de los agricultores, facilitar el relevo generacional y recompensar servicios ecosistémicos. Además, se contempla la transición hacia una economía baja en carbono, fomentando la adopción de biopesticidas y biotecnología. Reconoce que el agro “es parte de la solución y no del problema” en lo referente a la emisión de gases de carbono.
Un eje central del documento europeo es la creación de un entorno justo para los productores del bloque, evitando prácticas desleales que los obliguen a vender por debajo de sus costos y garantizando que las normas medioambientales y de bienestar animal se apliquen por igual a importaciones y producción interna. Para ello, la UE planea crear un grupo de aplicación que refuerce el control de importaciones, incidiendo en la reciprocidad de estándares. Esto ha suscitado críticas entre expertos en comercio, que advierten de posibles aumentos en la inflación de los alimentos y de riesgos para la seguridad alimentaria a largo plazo si se imponen restricciones que limiten las importaciones.
El plan también incluye impulsar un “sistema de brújula de sostenibilidad” para que cada explotación evalúe su desempeño ambiental, promover un diálogo anual sobre la alimentación y optimizar el uso de recursos mediante la reducción de desechos. La nueva estrategia para las proteínas busca cerrar la brecha que tiene la UE en este ámbito, promoviendo la producción interna de cultivos proteicos y favoreciendo el uso de proteínas vegetales, microbianas e incluso de insectos o algas.
Las organizaciones de agricultores europeos han valorado positivamente la visión, destacando la “reestructuración pragmática” y la relevancia concedida al papel de la agricultura. Sin embargo, señalan la falta de claridad sobre el financiamiento futuro, especialmente dentro del marco presupuestario de la Política Agrícola Común.
